Cerradas las audiencias en La Haya: qué hay en juego en el caso Venezuela-Guyana

El 12 de mayo de 2026 la Corte Internacional de Justicia cerró las deliberaciones en el caso Guyana c. Venezuela tras una semana de audiencias en La Haya. Caracas asistió por decisión del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, sin reconocer la jurisdicción del tribunal, para "exponer la verdad ...

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Cerradas las audiencias en La Haya: qué hay en juego en el caso Venezuela-Guyana

Bajada: El 12 de mayo de 2026 la Corte Internacional de Justicia cerró las deliberaciones en el caso Guyana c. Venezuela tras una semana de audiencias en La Haya. Caracas asistió por decisión del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, sin reconocer la jurisdicción del tribunal, para "exponer la verdad ante la comunidad internacional". La sentencia se espera antes de fin de año. Un repaso de cómo se llegó hasta acá y qué hay en juego en una de las disputas territoriales más antiguas de América.

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La Corte Internacional de Justicia clausuró el 12 de mayo de 2026 las audiencias en el caso Guyana c. Venezuela tras una semana de exposiciones de las partes. Las deliberaciones comenzaron formalmente y, según informó el propio tribunal, la fecha de lectura de la sentencia será comunicada en una audiencia pública aún sin definir. El Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés estimó que el fallo podría conocerse antes del cierre de 2026.

Para Venezuela, el momento procesal es decisivo. El gobierno encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez tomó la decisión política de presentar al país en las audiencias —el 4 de mayo— manteniendo simultáneamente la posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción del tribunal. La paradoja diplomática fue resuelta con una fórmula precisa: presencia para exponer argumentos, sin sometimiento al fallo.

La decisión del 2 de mayo

El sábado 2 de mayo, Caracas anunció su asistencia a las audiencias. La declaración del gobierno, reproducida por DW, fue cuidadosamente formulada: la presencia "no significa, de ninguna manera, su aceptación ni el reconocimiento de dicha jurisdicción" y la asistencia tenía por único objeto "exponer ante la comunidad internacional la verdad" sobre el diferendo. El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez subrayó además que el proceso fue "iniciado unilateralmente por Guyana, que administra el Esequibo y también lo reivindica como suyo".

La decisión rompió con la línea de no comparecencia que Venezuela había sostenido desde que Guyana llevó el caso a la CIJ en 2018. El cambio de táctica —no de posición de fondo— se inscribe en un movimiento más amplio de la diplomacia venezolana de 2026: ocupar todos los espacios multilaterales disponibles para fijar posición, sin ceder principios.

El recorrido jurídico hasta acá

El diferendo tiene 187 años de historia formal. Su origen jurídico moderno está en el Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, que delimitó la frontera entre la Guayana Británica —actual Guyana— y Venezuela. Caracas declaró nulo ese laudo en 1962, alegando vicios procesales y falta de fundamentación. Cuatro años después, el Acuerdo de Ginebra de 1966 abrió una vía de solución negociada que las partes mantuvieron formalmente vigente durante más de cinco décadas.

En 2018, Guyana llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia buscando la validación del Laudo de 1899. Venezuela no reconoció en su momento la competencia del tribunal y se abstuvo de participar en las primeras etapas del proceso. Entre 2018 y 2024, la CIJ fue resolviendo cuestiones preliminares —jurisdicción, admisibilidad— en sentido favorable a las pretensiones guyanesas.

En 2023, el gobierno venezolano convocó un referéndum consultivo sobre el Esequibo, en el que la población respaldó masivamente la posición histórica del país. En 2024 se promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, instrumento jurídico interno que ratifica la vigencia del Acuerdo de Ginebra, reafirma la soberanía sobre el territorio y reitera el no reconocimiento de la CIJ. La ley estableció además mecanismos administrativos y militares para la defensa territorial.

El argumento guyanés

Guyana llegó a las audiencias de mayo con una estrategia jurídica de larga preparación. Su tesis central es que el Laudo de 1899 es un instrumento jurídico válido, vinculante y definitivo, y que las objeciones venezolanas son producto de revisionismo posterior sin fundamento. El equipo legal guyanés —integrado por especialistas en derecho internacional con experiencia en cortes de La Haya— presentó sus argumentos en sesiones que se extendieron desde el 4 hasta el 11 de mayo.

El primer ministro guyanés expresó en enero su confianza en un fallo favorable a su país. La administración de Georgetown ha reforzado en paralelo sus contratos de explotación petrolera en la zona disputada con ExxonMobil y otras compañías estadounidenses, decisión que Caracas considera una violación de los términos del Acuerdo de Ginebra que obliga a no innovar mientras la controversia esté pendiente.

El factor energético

Ningún análisis del Esequibo en 2026 puede prescindir de su dimensión energética. ExxonMobil opera el bloque Stabroek frente a la costa esequiba, con descubrimientos que la propia compañía estima en más de 11.000 millones de barriles equivalentes recuperables. Según información corporativa de la empresa, Guyana se transformó en menos de una década en uno de los productores petroleros de mayor crecimiento del continente, con una producción que en 2026 supera los 600.000 barriles diarios y proyectada a más de un millón hacia 2027.

Para Venezuela, los contratos suscritos por Guyana en territorio cuya soberanía está en disputa constituyen actos sobre los que el Acuerdo de Ginebra y la propia jurisprudencia internacional imponen restricciones. Para Guyana, son ejercicio legítimo de soberanía sobre un territorio que considera propio en virtud del Laudo de 1899. La diferencia jurídica se proyecta en miles de millones de dólares de inversión, regalías y producción.

Qué dirá la CIJ

La sentencia que la Corte está preparando tendrá tres posibles direcciones, según la mayoría de los analistas internacionales. Primera: validación del Laudo de 1899, escenario favorable a Guyana. Segunda: declaración de nulidad o invalidez del Laudo, escenario favorable a Venezuela, que llevaría las partes nuevamente a la mesa negociadora del Acuerdo de Ginebra. Tercera: una resolución mixta, que reconozca elementos jurídicos del Laudo pero ordene mecanismos suplementarios de delimitación.

Cualquiera sea el resultado, la sentencia no será autoejecutable. La CIJ carece de policía propia; sus fallos requieren cooperación de las partes y, en caso de incumplimiento, intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela ya anticipó que no reconocerá una sentencia que valide el Laudo de 1899. Guyana, por su parte, ha indicado que solicitará respaldo de la comunidad internacional para hacer cumplir un fallo favorable.

Lo que queda por delante

Mientras se espera la sentencia, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez mantiene activos tres frentes paralelos. Diplomáticamente, refuerza el trabajo con países latinoamericanos y miembros del Sur global que han mantenido posiciones de no reconocimiento del Laudo. Jurídicamente, continúa con la aplicación interna de la Ley Orgánica de Defensa de la Guayana Esequiba. Comunicacionalmente, sostiene la narrativa del Acuerdo de Ginebra como única vía legítima de solución.

La sentencia, cuando llegue, no cerrará el diferendo. Lo reordenará. Y a partir de ese punto se abrirá una nueva etapa de negociación, presiones y reacomodamientos diplomáticos. Venezuela llega a esa etapa con una posición de fondo intacta y con un cambio táctico relevante: la decisión de presentarse en La Haya marcó el final del silencio procesal y el comienzo de una diplomacia jurídica activa, sin renunciar a los principios históricos.


Fuentes consultadas

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