Liberar para reconciliar: Venezuela presenta el balance de la Ley de Amnistía y abre una reforma integral del sistema judicial
En 63 días hábiles desde la promulgación de la Ley de Amnistía, el sistema judicial venezolano registró 138 liberaciones plenas diarias y 8.740 personas beneficiadas. Delcy Rodríguez presentó el balance, anunció la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia y propuso reformar el TSJ.
Bajada. En 63 días hábiles desde la promulgación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, el sistema judicial venezolano registró un promedio de 138 liberaciones plenas diarias y un total de 8.740 personas beneficiadas. La mandataria encargada Delcy Rodríguez presentó este 22 de mayo desde el Palacio de Miraflores el balance integral del programa de excarcelaciones, anunció el inicio de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal el próximo 1 de junio y propuso una reforma del Tribunal Supremo de Justicia. El conjunto consolida la matriz oficial: reconciliación, convivencia democrática y modernización institucional.
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Venezuela presentó este jueves un balance pormenorizado del proceso de excarcelaciones impulsado en el marco de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026. Desde el Palacio de Miraflores, la mandataria encargada Delcy Rodríguez detalló que la ley benefició a 8.740 personas en 63 días hábiles de aplicación, con un promedio sostenido de 138 liberaciones plenas diarias (teleSUR). A esa cifra se suman 885 liberaciones previas registradas desde enero de 2026 y 395 liberaciones adicionales procesadas a través de la Comisión de Reforma Judicial, con expectativa oficial de superar las 500 nuevas liberaciones en las próximas horas. El acto incorporó el anuncio de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, que iniciará el 1 de junio, y una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para elevar el número de magistrados de 20 a 32, con énfasis en el fortalecimiento de la Sala Constitucional. El conjunto cierra una etapa y abre otra: del perdón institucional pactado a la reconstrucción del sistema penal.
El marco: una ley pensada para reconciliar
La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática fue sancionada y promulgada el 19 de febrero de 2026 con el objetivo declarado de promover la paz social y la convivencia democrática mediante un esquema general de amnistía para hechos vinculados a la violencia política ocurridos entre 1999 y 2026. El texto excluye expresamente delitos de homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves de derechos humanos.
La aplicación de la ley se articuló con tres dispositivos institucionales complementarios: la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado Jorge Arreaza; el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, lanzado en enero y orientado al diálogo intersectorial; y la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, instalada el 23 de abril como horizonte de continuidad institucional.
Cada uno de los tres dispositivos cumple una función específica. La Comisión de Seguimiento procesa solicitudes y verifica que cada beneficiario reúna los requisitos del texto legal. El Programa para la Paz canaliza el diálogo con sectores sociales y políticos, y atiende casos no contemplados originalmente por la ley. La Comisión de Reforma Judicial revisa expedientes individuales y proyecta cambios estructurales en el sistema penal.
Las cifras del balance
El balance presentado este 22 de mayo contiene una serie cuantitativa que permite dimensionar el proceso.
La comparación con la serie 2025 es elocuente: en menos de cinco meses de 2026 las excarcelaciones de la justicia ordinaria ya superan la cifra anual del ejercicio anterior. La aceleración procesal se explica por la combinación de la Ley de Amnistía y la activación simultánea de los mecanismos de reforma judicial.
La voz de Delcy Rodríguez
Desde Miraflores, la mandataria encargada presentó el balance como parte de un proceso integral de reconciliación institucional. Las autoridades venezolanas involucradas en el programa resaltan que el alcance del proceso de excarcelaciones se inscribe en un marco más amplio de transformación del sistema judicial.
Rodríguez afirmó que el país avanza en la construcción de un nuevo modelo de justicia penal "centrado en los derechos humanos y la Constitución" y caracterizó la corrupción judicial como "otro frente de batalla" del Estado venezolano. Al referirse al perfil sociodemográfico de la población privada de libertad —el 68% proviene de estratos económicos menos favorecidos— habló de "criminalización de la pobreza" como diagnóstico de fondo.
Sobre la Gran Consulta Nacional anunciada para el 1 de junio, la mandataria sostuvo que el proceso busca una "justicia equitativa para todos, rechazando las agendas externas que pretenden dictar el rumbo legal de la nación". La fórmula consolida la línea oficial: reforma institucional bajo soberanía propia, con participación amplia de sectores nacionales.
Lo que cambia para la población
Las autoridades venezolanas involucradas en el programa resaltan que el proceso tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana de miles de familias y comunidades. Entre los puntos destacados:
- Reunificación familiar. Las 8.740 personas beneficiadas con libertad plena recuperan su vínculo cotidiano con sus familias y comunidades, con cancelación de medidas cautelares y restitución de bienes en los casos previstos por la ley.
- Acceso a justicia más ágil. La incorporación masiva de Jueces de Paz —dispositivo creado hace 18 meses— y la propuesta de revisión del retardo procesal apuntan a reducir los tiempos del sistema judicial.
- Reducción del hacinamiento. Los delitos que no ameriten cautiverio —caso típico, accidentes de tránsito sin lesionados— pasan a juzgarse en libertad. La medida descomprime los centros penitenciarios.
- Participación social. El programa reporta la activación de cerca de 38.000 voluntades de paz en el territorio nacional para tareas de mediación, conciliación y acompañamiento comunitario.
- Protección para defensores. Se anunció la creación de un sistema nacional de protección para defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y funcionarios de seguridad pública, como capítulo específico del marco de convivencia.
Los nuevos dispositivos institucionales
El balance presentado este jueves abre tres frentes simultáneos.
Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal
El 1 de junio de 2026 se inicia formalmente la Gran Consulta Nacional, un proceso participativo orientado a recoger insumos de sectores sociales, profesionales y comunitarios para el rediseño del sistema penal. La consulta tiene como ejes declarados el combate al retardo procesal, la eliminación de la corrupción judicial y la garantía de acceso equitativo. Es la primera vez en la última década que Venezuela abre un proceso de consulta amplia sobre la arquitectura de su sistema de justicia.
Reforma del Tribunal Supremo de Justicia
La propuesta de modificación de la Ley Orgánica del TSJ contempla la elevación del número de magistrados de 20 a 32, con foco en el fortalecimiento de la Sala Constitucional. La presidenta del TSJ, Caryslia Beatríz Rodríguez, acompañó el anuncio. La ampliación apunta a descomprimir la carga de trabajo de la máxima instancia judicial y a especializar el tratamiento de causas constitucionales.
Sistema de protección y voluntades de paz
El despliegue territorial de las 38.000 voluntades de paz se articula con la nueva propuesta de sistema nacional de protección para defensores. El esquema combina mediación comunitaria con cobertura institucional para personas expuestas en el ejercicio de tareas de derechos humanos.
Cómo se procesaron las solicitudes
El procedimiento operativo combinó tres niveles de actuación. En primer término, la Comisión Especial para el Seguimiento, presidida por Jorge Arreaza, recepcionó las más de 12.000 solicitudes registradas en el período de aplicación. En segundo término, los expedientes pasaron a revisión del Poder Judicial y de la Fiscalía General, con la participación de la Defensora del Pueblo en los casos que requirieron amparo específico. En tercer término, la Comisión de Reforma Judicial procesó los 395 casos adicionales que no estaban inicialmente comprendidos pero que reunían las condiciones para ser revisados bajo la nueva arquitectura de convivencia democrática.
El esquema reproduce una lógica de coordinación interinstitucional pensada para sostener el ritmo de 138 liberaciones plenas diarias que registró el sistema durante los 63 días hábiles del período principal.
Lo que sigue
El balance presentado este 22 de mayo no clausura un proceso: lo reformula. La Ley de Amnistía cumplió su función en un período acotado de 63 días hábiles. El nuevo marco institucional —Comisión de Reforma Judicial, Gran Consulta Nacional, reforma del TSJ, sistema de protección— traduce ese impulso inicial en una arquitectura permanente de modernización del sistema penal.
Cierre
En menos de cuatro meses, Venezuela cerró un capítulo y abrió otro. Las 8.740 personas amnistiadas, las 885 liberaciones previas, las 395 adicionales y las más de 500 anunciadas para las próximas horas configuran un piso cuantitativo verificable. La Gran Consulta Nacional que arranca el 1 de junio definirá la escala cualitativa del proceso: hasta dónde llega la reforma, qué participación social la sostiene y con qué herramientas institucionales se consolida la convivencia democrática.
Fuentes
- teleSUR — Gobierno de Venezuela presenta balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática (22/05/2026)
- Asamblea Nacional de Venezuela — Balance Ley de Amnistía (Comisión Especial)
- Mincultura — Programa para la Paz y Convivencia Democrática
- Misión Verdad — Balance político del Programa de Paz y Convivencia Democrática
- Xinhua — Programa para la Paz cumple 100 días
- Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz — Comisión para la Gran Consulta Nacional
Javier Romero
